Más de 340,000 personas de todo el mundo le piden al Procurador General de la República que investigue denuncia de Claudia Medina, mujer torturada por la Marina

Septiembre 30, 2014 |


30 de septiembre de 2014. Un petitorio organizado por Amnistía Internacional ha logrado reunir 343,883 firmas en apoyo a una víctima de tortura en México. Las personas firmantes instan al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a realizar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz, una mujer del estado de Veracruz. Elementos de la Marina la torturaron en 2012 y posteriormente la obligaron a firmar una declaración que no le permitieron leer.
El día de hoy, una delegación de Amnistía Internacional México entregó el petitorio a la Procuraduría General de la República (PGR). Las 343,883 firmas provienen de 117 países. Los principales firmantes provienen de Países Bajos, México, Alemania, España y Francia.
El petitorio también exige que la PGR tenga en cuenta los dos peritajes forenses independientes, con base en el Protocolo de Estambul, que ha aportado la defensa de Claudia Medina ante la falta de investigación de la PGR. Así mismo, pide una profunda transformación de la manera en que la PGR practica los peritajes médicos en casos de presunta tortura y otros malos tratos para que cumplan con los estándares internacionales.
“Hasta ahora la PGR no ha mostrado ningún interés en investigar la denuncia de tortura. Antes bien, continúa acusándola de delitos graves que no cometió, a partir del dicho de sus torturadores, lo que es claramente insostenible al ser producto directo de la detención arbitraria, incomunicación por 36 horas, retención en base naval y de la tortura. Como primer paso para respetar sus derechos humanos, la PGR debe desistirse de las acusaciones contra ella”, dijo Mario Ernesto Patrón, Subdirector del Centro Prodh.
“Al igual que Claudia Medina, muchas personas han sufrido tortura y otros malos tratos a manos de militares y policías en México. A diferencia de la respuesta que dan las autoridades, estas 343,883 personas de 117 países nos están diciendo que la tortura es un problema serio, que hay que investigar a fondo cada caso y llevar a las personas responsables ante la justicia”, declaró Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“El gobierno federal debe tomar este llamado internacional como una oportunidad para demostrar resultados concretos en el marco de la lucha para poner fin a esta práctica persistente y generalizada.”
Por su parte Claudia Medina envió un mensaje a todas las personas firmantes: “Muchas gracias por este apoyo y por esta solidaridad. Mi lucha no es fácil; ya han pasado dos años y sigo sin obtener respuesta. Ni de los jueces, ni de la CNDH y mucho menos de la PGR. Pero voy a seguir hasta obtener justicia. Sé que no estoy sola: hay cientos de miles de personas que me apoyan.”
Recientemente, Amnistía Internacional publicó su informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, el cual recomienda medidas específicas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar estas violaciones a los derechos humanos.
Miembros de Amnistía Internacional entregaron hoy en las embajadas mexicanas en Madrid, Roma, Viena y Ámsterdam las firmas que fueron recogidas en sus respectivos países.


Las libres pugna por la no criminalización del aborto


  • Presentan documental en Ciudad de México y Argentina
Cortesia de NotiEse, por Ingrid Bengoa
 
Verónica Cruz, presidenta de Las Libres A.C.
México DF, junio 03 de 2014.

Las libres cuenta las historias de algunas mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Guanajuato tras realizase una interrupción de embarazo. Película documental realizada por Gustavo Montana, en colaboración con Las libres A. C, intenta,  mediante una comparación entre las situaciones de México, Argentina y Estados Unidos, sensibilizar a la sociedad sobre la criminalización del aborto.

Presenta siete casos de encarcelamiento de mujeres por interrumpir su embarazo, dos de ellos de mujeres indígenas guerrerenses que no entendieron el motivo de su encarcelamiento ya que no hablaban español.

El propósito de esta realización es pugnar por la defensa del derecho a la interrupción del embarazo en diferentes entidades del país, ligada a la lucha  contra la desigualdad y discriminación por motivos de género que en ocasiones termina en feminicidio.

Así, el filme transita de la estigmatización a la criminalización por abortar que pasan las mujeres en estos tres países; en ocasiones,  no sólo son punibles por más de treinta años sino que la sociedad y las autoridades las condenan a muerte, como en Estado Unidos. Por ello, debe considerarse un ejercicio de reflexión de  la situación global de los derechos humanos en el mundo.

 

En entrevista, Verónica Cruz, presidenta de Las Libres, explicó que espera volver a impulsar la discusión sobre el tema en el congreso local de Guanajuato para garantizar una interrupción  legal del embarazo segura y sin discriminación. De lograrse, afirmó, será el primer paso para eliminarlo como delito en los diferentes códigos penales del país.

 

Por otra parte, explicó, están en días de entregar una nueva solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guanajuato ante la negativa, por tercera vez, por parte de la Secretaría de Gobernación para emitir dichas medidas, las cuales, consideró, son la única alternativa para erradicar la violencia de género en la entidad y el país.

 

El documental se presentará en cada una de los países en que se abordaron casos. En este mes llegará a Buenos Aires y Córdoba, Argentina,  además de haberse presentado en varios puntos de la República Mexicana. En agosto se presentará en Estados Unidos.

 

Esta semana, el documental agotó las entradas en la Cineteca Nacional pero también se proyectará en Auditorio “Héctor Fix-Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el jueves 5 de junio a las 17:00 horas.

Amnistía Internacional entrega más de 17,000 firmas solicitando a Texas que detenga la ejecución del mexicano Edgar Tamayo

Enero 14, 2014


(14 de Enero de 2014) A una semana del 22 de enero, fecha en que está programada la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias por el Estado de Texas, Amnistía Internacional (AI) ha entregado más de 17,000 firmas exigiendo que se suspenda su ejecución.

 

La organización ha reiterado en numerosas ocasiones que la ejecución de Edgar Tamayo no solo supondría una grave violación a los derechos humanos, sino que además incumpliría una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena revisar los casos de 51 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a los que se les había violando derecho a la asistencia consular.

 

Entre las 17,500 firmas entregadas se encuentran firmas procedentes de 57 países, principalmente México, España, Estados Unidos, Chile y Argentina.

 

Junto con estas firmas de apoyo, la organización ha recolectado cerca de 800 cartas de solidaridad, cartas que serán enviadas directamente a Edgar durante los próximos días.

 

“Al llevar a cabo la ejecución, se pondría en entredicho la voluntad de Texas de respetar el derecho a la vida y al debido procedo, y la capacidad de los Estados Unidos de cumplir con el derecho internacional.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

 

Edgar  Tamayo fue  acusado en  1994  del asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis, ese mismo año Tamayo Arias fue sentenciado a la pena capital. Desde entonces Tamayo ha permanecido en el corredor de la muerte.

 

Edgar Tamayo, tenía derecho a recibir asistencia consultar “sin retraso alguno”, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho.

 

“Ejecutar a una persona por que se le acusa de cometer un asesinato no es justicia, es venganza, y si a esa persona no se le respetaron sus derechos durante su juicio, ni si quiera se le puede llamar ejecución legal, es simplemente un asesinato.” Concluyó Perseo Quiroz.

 

Amnistía Internacional considera que la vulneración de sus derechos consulares, dejó a Edgar Tamayo en grave desventaja frente a un sistema de justicia que le resultaba ajeno y con un historial de utilizar la pena de muerte principalmente en contra de integrantes de minorías étnicas.

 

La organización espera que las autoridades escuchen el llamado de las miles de personas en todo el mundo que exigen que no se lleve a cabo a esta atrocidad y que suspenda la ejecución de  Edgar  Tamayo.

 

Información complementaria

 

En septiembre de 2013, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador  Perry para instarle a que no se fijara la fecha de ejecución de Edgar Tamayo. La carta reiteraba que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y que el fijar esta ejecución sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, y “podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.

 

En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Edgar Tamayo mientras la Comisión examina sus alegaciones de “discapacidad intelectual” y el impacto de la violación de la Convención de Viena sobre su caso.

 

En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Sin embargo, esto fue no tomado en cuenta por los tribunales estadounidenses.

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Comparecerá Vaticano ante la ONU

-          Organizaciones mexicanas presentarán más de 200 casos

 

México DF, enero 13 de 2014 (Redacción NotieSe).- A fin de que El Vaticano responda a la comunidad internacional por los cientos de abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes contra menores de todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño citó a comparecer en Ginebra, Suiza a las autoridades de la Iglesia Católica.

 

Ante el hecho sin precedentes, organizaciones y víctimas estadounidenses, europeas y mexicanas han aprovechado la ocasión para hacer llegar al Comité informes con sus denuncias y numerosos casos de pederastia documentados.

 

En el caso de México, 169 organizaciones enviaron más de 200 expedientes de casos particulares y solicitaron al Comité que el caso sea tratado como un crimen de Estado y que el Vaticano sea juzgado por las Naciones Unidas, aunque esto último solo podría producirse en otro proceso ya que el Comité se limita a hacer una evaluación.

 

La medida fue tomada ante la falta de interés por parte de El Vaticano para presentar los informes quinquenales que establece el convenio firmado en 1990 por la Santa Sede ante la ONU como parte de la ratificación a la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

El Vaticano sólo presentó un informe en 1995 y otro en 2011, año en que los escándalos de pederastia ya habían golpeado de frente a la institución.

 

En julio pasado, el Comité revisó la entrega atrasada del informe y cuestionó a la Iglesia por la información contenida en el reporte por lo que solicitó  “información detallada de todos los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede”.

 

Casi seis meses después, en diciembre, El Vaticano respondió que la investigación corresponde a los países en los que se cometen los delitos debido a que “cuando la Santa Sede accedió a ratificar el tratado, no lo hizo en nombre de todos los católicos del mundo. Cada miembro de la Iglesia Católica está sujeto a las leyes del país en el que vive”.

   

Amnesty International logo Declaración Pública El procesamiento de cuatro integrantes del ejército en relación al caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández es un hecho positivo La detención y procesamiento por la justicia civil de cuatro integrantes de las fuerzas armadas acusados de la tortura y violencia sexual cometida en contra dos mujeres indígenas Me’phaa en Guerrero supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas, afirmó hoy Amnistía Internacional. Desde el año 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega han luchado por su derecho a la justicia. Sin embargo, el proceso que fue conducido en el ámbito de la justicia militar falló, como en otros casos, en realizar una investigación eficaz y como resultado ninguna persona rindió cuentas por estos abusos. Ante la negación al acceso a la justicia, las dos mujeres acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), corte que en el año 2010 emitió dos sentencias en contra el Estado Mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas El procesamiento dentro del sistema de justicia civil de cuatro de miembros de las fuerzas armadas implicados en estas graves violaciones es un paso importante en cumplimiento de estas sentencias. Es el resultado de la larga lucha de las dos mujeres y otros defensores y defensoras de los derechos humanos quienes las han acompañado. Además es evidencia de que la Procuraduría General de Justicia cuando se empeña a establecer la verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, puede empezar a romper el círculo vicioso de la impunidad que alienta nuevas violaciones. No obstante, Amnistía Internacional está consciente de que el procesamiento de los implicados se debe realizar conforme a las normas internacionales del derecho a un juicio justo. Esto incluye el respeto de la presunción de inocencia de los acusados ante un tribunal imparcial que proteja los derechos tanto de las víctimas como los acusados. Por este motivo Amnistía Internacional llama al Poder Judicial de la Federación para que garantice un procesamiento efectivo e imparcial. Así mismo, la organización recuerda a las autoridades que en virtud de las sentencias dictadas por la CoIDH tienen el deber de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. Antecedentes Amnistía Internacional documentó los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega desde 2002 y sus activistas por el mundo han acompañado los esfuerzos y el valor de estas dos mujeres indígenas en su lucha por la justicia.